jueves, 29 de agosto de 2013

El Ius Puniendi Fallido y los "Castigos Escarlatas"

En su brillante libro La Mente Moral, Marc Hauser expone el conflicto "entre las intuiciones humanas acerca del castigo y la visión legal desde arriba sobre cómo administrar la sociedad, cómo tratar a quienes no cooperan y amenazan el bienestar de todos". Es decir, la relación entre el Ius Puniendi que se le cede al Estado para castigar a infractores y las tendencias humanas a relacionarse con la institución del castigo. En ese mismo capítulo Hauser nos describe los denominados "castigos de letra escarlata", esto es, aquellos castigos cuya fuerza punitiva reside en la exposición a la vergüenza pública. Un ejemplo de este reproche público serían las listas públicas de agresores sexuales que se pueden encontrar al alcance de un click en los departamentos de salud pública de E.E.U.U

Podemos encontrar numerosos detractores de esta antiquísima forma de castigo así como también denodados escépticos enfocados en la defensa de la privacidad: lo cierto es que cualquiera de ellos cuenta con argumentos de peso para hacernos reflexionar sobre la conveniencia jurídica, sociológica, moral y humana de la aplicación de estos castigos. Se expone por un lado que pueden actuar como un elemento disuasorio a la vez que la amenaza de la vergüenza pública generalizada da una sensación de mayor seguridad al resto de la comunidad, plenamente convencidos de que el rechazo generalizado tiene una fuerza mayor que la del Estado.

Sentimiento de seguridad y efecto disuasorio.

Hallamos en el bando contrario, cómo es lógico por otro lado, aquellos que conectan directamente esta forma de punir con la lex talionis o aquellos otros más preocupados por la privacidad individual incluso a la hora de delinquir. 

De cualquier forma seamos o no firmes detractores o seguidores de esta forma de restablecer la justicia, la pregunta esencial en estos días es ¿a qué se debe el repunte de estos casos en pleno s.XXI? Como tan magistralmente explica Hauser, los castigos escarlatas son propios de las comunidades pequeñas en que cada miembro es conocido, asociado a una estirpe y por tanto sensible a un verdadero escarmiento social. Sin embargo en esta época de incertidumbre global cambiamos de localización geográfica y de comunidad de una manera tan rápida y eficaz que cuesta entender el porqué de la utilización de los "castigos de letra escarlata".
Podemos alegar un abarrotamiento de las cárceles, un excesivo peso económico exigido al Estado para el mantenimiento de las mismas, un claro fracaso en la reeducación y en la reconducción conductal de ciertos delitos. Pero bajo mi punto de vista estas razones del todo humanistas no son suficientes para explicar este hecho. 

Hemos asistido recientemente a casos de linchamientos en zonas de Centroamérica y Sudamérica (http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/dc344bb232484593a5eec26658fdbbe9 http://www.hoy.com.py/mundo/bolivia-linchan-a-4-supuestos-delincuentes-en-una-semana) y existen cada día más y más listados públicos de delincuentes y morosos. La pregunta que hay que hacerse por tanto es ¿en qué ha fallado el Ius Puniendi que cedemos al Estado como miembros de éste? ¿En qué parte de los Códigos Penales se ven defraudadas las esperanzas de justicia de la ciudadanía? ¿Ha fracasado el estado como reeducador? ¿Sus castigos ya no rehabilitan al ciudadano /delincuente para ser un ciudadano libre de mácula? 
No podemos achacar estas tendencias violentas a un ambiente más rural o indígena, puesto que en Europa (después de la Revolución Francesa saciará nuestras ansias de hambre pública) somos los más voraces espectadores del castigo público a través de redes sociales y progamas de televisión. 
Creo firmemente que si bien las penas en los Estados de Derecho están bien medidas, asistimos con demasiada frecuencia a indultos injustos, errores procesales, nulidades de procesos por jueces prevaricadores etc, y que eso ha llevado al conjunto de la sociedad no a desconfiar de la justicia en sí, sino del sistema que impide su correcta aplicación. Y que la escalada de violencia verbal y física se debe a que nuestro derecho a punir a aquellos que nos cometen un mal están siendo defraudado por un Estado que arbitrariamente castiga y premia sin una base racional. 

La consecuencia esencial de un Ius Puniendi que falla es la proliferación de castigos que ,si bien no respetan derechos y garantías procesales, por lo menos a ojos del ciudadano restablecen la justicia. 

Y no puede existir nada peor que una justicia ad hoc y circunstancial

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